Juan y Patricia son un matrimonio que en 2007 se encontraban buscando piso. Él tenía 38 años y era funcionario; ella tenía 29 y era administradora de fincas. Acudieron a distintas entidades financieras buscando que les concediesen un préstamo sin obligarles a comprometer a sus familiares como avalistas.

Después de ver distintas opciones, acudieron a una oficina de Bankinter en la que el empleado les aseguró que no necesitarían ningún fiador. Les explicó que el Euribor en esos momentos se encontraba por encima del 4%, por lo que iban a pagar unos intereses muy altos, pero que existía otra opción muy interesante de dominada “hipoteca multidivisa”, por la que se ahorrarían mucho dinero

Juan y Patricia nunca habían oído hablar de esta opción. El empleado de la oficina de Bankinter les informó de que la hipoteca multidivisa era como un préstamo tradicional, pero que, en lugar de amortizarse en euros, se amortizaba en otras monedas (les recomendó francos suizos), pagando una cuota mensual muy inferior a un préstamo normal, dado que no se encontraba referenciado al Euribor, sino a otro índice llamado Libor.

Con estas explicaciones, el empleado de la entidad convenció a Juan y Patricia para firmar la opción multidivisa, así que finalmente firmaron la escritura de préstamo en fecha 16 de abril de 2008, solicitando 142.000 euros para la compra del piso.

Resulta que después de 8 años, en 2016, tras haber estado pagando cuotas mensuales de capital e intereses por importe de 63.391,45 €, todavía debían a la entidad financiera 147.337,33 €, es decir, habían amortizado en 8 años tan sólo la cantidad de 6.533,64 €.

En ese momento comprendieron que el préstamo multidivisa no era el producto que pensaban que habían contratado, ya que el empleado había omitido informales de los riesgos que acarreaba, principalmente de que debido a la fluctuación de la divisa, no sólo variaba el importe de las cuotas de préstamo, sino que también el capital, de forma que incluso podía darse la situación que, después de estar pagando la hipoteca durante años, debiesen al Banco más dinero de lo que les entregó en su momento.

Juan y Patricia interpusieron una demanda en el Juzgado, que finalmente anuló parcialmente el préstamo por error en el consentimiento, condenando al Banco a recalcular el préstamo como si hubiera sido concertado desde un principio en euros, lo que en último término supuso que Juan y Patricia amortizasen 53.410,11 euros – en lugar de 6.533,64 € que decía el Banco que habían satisfecho- de forma que les quedaba por pagar de capital la cantidad de 110.912,28 euros, es decir, lograron recuperar más de 36.000 euros.